Una marcha de comunidades campesinas e indígenas de Bolivia arribó este lunes a la ciudad de La Paz tras 29 días de caminata desde el departamento amazónico de Pando. Los manifestantes, que han recorrido más de 1.100 kilómetros, exigen una mesa de diálogo directa con el presidente Rodrigo Paz para frenar la implementación de normativas que afectan la propiedad de la tierra.

La columna principal ingresó a la capital por el retén de Urujara y se desplazó por el barrio de Miraflores con destino al centro paceño. Los dirigentes confirmaron haber recibido una invitación oficial del Ejecutivo para iniciar conversaciones, la cual será analizada en un mitin junto a las bases antes de acudir al Palacio de Gobierno.

El eje de la protesta se centra en el rechazo a la Ley 1720 y a los proyectos impulsados por la Comisión de Tierra y Territorio, presidida por el senador Branko Marinkovic. Las organizaciones sociales denuncian que estas normas buscan convertir la pequeña propiedad en mediana propiedad agrícola para permitir el acceso a hipotecas y la venta de las tierras.

«Presidente, usted se está equivocando con el pueblo boliviano, queremos decirle una vez más, atienda nuestro pliego petitorio porque, caso contrario, usted y todos los parlamentarios tendrán que irse«, señaló el dirigente campesino Faifer Cuajera.

Los manifestantes alertan sobre la intención de transformar los territorios comunitarios e indígenas en propiedad personal. Esta medida facilitaría la fragmentación y mercantilización de tierras ancestrales que actualmente poseen títulos de propiedad comunitaria y territorial completa, bajo el argumento de que la venta o hipoteca de los predios permitiría a las poblaciones salir de la pobreza.

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Los marchistas señalan que estas normativas fueron aprobadas sin procesos de socialización ni consulta previa con los sectores afectados en las zonas fronterizas y territorios colectivos. La movilización exige que el Gobierno detenga la promulgación de leyes que el pueblo boliviano desconoce y que atentan contra la estructura de la propiedad agraria tradicional.

Crisis social y paros sectoriales

El panorama de conflictividad se extiende a otros sectores. La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene un decreto de huelga indefinida, mientras que la Confederación de Campesinos anunció el inicio de bloqueos de caminos a nivel nacional a partir de este martes.

A estas medidas se suman los bloqueos en la zona de Los Yungas y anuncios de paro por parte del sector transporte ante la escasez de diésel y la baja calidad de los combustibles, junto a las movilizaciones de trabajadores de la educación urbana en La Paz en demanda de sus pliegos petitorios.

Marcha indígena y campesina ingresa a La Paz. @teleSURtv pic.twitter.com/83EqPrnNm5

— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) May 4, 2026

Inseguridad y tensión política

La tensión social coincide con una crisis de seguridad tras el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental en Santa Cruz, Víctor Hugo Claure, presuntamente ejecutado por mercenarios vinculados al narcotráfico. El presidente Rodrigo Paz reconoció la complejidad de la situación política y social que atraviesa su gestión ante el cúmulo de demandas económicas y territoriales.

Sindicatos y organizaciones indígenas permanecen en vigilia a la espera de que el mandatario reciba personalmente a las delegaciones que ascendieron desde los 300 hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar para entregar sus reivindicaciones.

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